¿Cómo será la Nueva Constitución de Chile?

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Por Anastasio López.

Este 4 de julio de 2021, a las 10:00 de la mañana, comenzarán oficialmente las sesiones de la Convención Constitucional de Chile, que tiene por objeto único la elaboración de una Nueva Constitución.

No abordaré la designación de la directiva, ni del reglamento de la convención; esas son cuestiones meramente contingentes. Lo trascendental es el producto de esos trabajos: la Constitución de 2022.

En una tarea siempre riesgosa, daré mis pronósticos sobre la nueva institucionalidad chilena. En un año sabremos que tanto he errado. Tomaré como base las reformas recientes, y algunas propuestas que la izquierda ha tomado con fuerza, y que las demás fuerzas no han discutido.

Parto de la idea de que la convención será dominada por un eje formado por el Frente Amplio, la Lista del Pueblo, los socialistas, independientes no neutrales, y díscolos del resto de los partidos.

El reglamento de la convención, que será de larga y dilatada discusión, será aprobado por quorum de dos tercios, pero el texto de la nueva carta será aprobado por mayoría de los convencionales en ejercicio.

Sobre la forma, anticipo que será un texto largo, al estilo de las cartas de Ecuador y Paraguay. Probablemente con más de 150 artículos, y con un catálogo de derechos superior al actual; especialmente se agregará el derecho humano a migrar, y a ser recibidos por el Estado de Chile.

La orgánica del Estado también vendrá profusamente detallada; aumentarán las regiones, y se eliminará al Consejo de Seguridad Nacional. Se agregará algún órgano específico sobre los derechos humanos.

Toda institución será paritaria, o tenderá a ello; en ciertas áreas se exigirá presencia indígena, y de otras minorías.  

La ciudadanía verá cambios importantes. Edad mínima para votar bajará a los 16 años, y se pedirán menos años para obtener la ciudadanía en el caso de los extranjeros.

Los tan criticados quórums desaparecerán, y se volverá a la formula de la Constitución de 1925. Eso es mayoría de los parlamentarios en ejercicio para reformar la Ley Fundamental, y mayoría de los presentes para las demás cuestiones.

Habrá mayor presencia de los plebiscitos, consultas ciudadanas, e iniciativas de ley popular. También plebiscitos revocatorios, tanto de autoridades como leyes.

Existirán disposiciones de condena a la dictadura, y la apología de ella; la norma será similar al antiguo artículo 8° de la Constitución de 1980 original.

Sobre el fondo, se van a consagrar ciertas cuestiones que se han aplicado al crear la convención; sigo la máxima romana de que los derechos jamás retroceden, salvo circunstancias de crisis extrema.

Chile será una República, Democrática, Plurinacional, y Social. Si no es así, será una formula parecida o equivalente.

Se establecerá un Congreso Unicameral ubicado en Santiago; con un número de al menos 155 parlamentarios, más 18 representantes de pueblos originarios (uno más por los afrodescendientes), y probablemente otros por los chilenos en el exterior. Será de formación paritaria, y conforme a un sistema electoral proporcional igual al actual. El Senado solo podría salvarse si pasa a ser de circunscripción nacional única, para favorecer a partidos minoritarios. De lo contrario, no existirá más.

Los partidos deberán ceder presencia a listas de independientes, en iguales condiciones, a cambio de reducir los requisitos para formar partidos. Será semejante a los sistemas de Colombia y España: más facilidades para ingresar al Parlamento, y facilidades para crear un partido. 

El régimen, desde luego, será una especie de parlamentarismo, muy parecido a lo que vimos entre 1891-1925. No habrá primer ministro, ni facultad de disolver las cámaras. Se limitará la clausura del debate, y solo se mantendrá la disposición relativa a los presupuestos, aunque muy matizada. Por supuesto, perderá las urgencias, y se limitará su capacidad legislativa.

Por su parte, el presidente seguirá siendo Jefe de Estado, y Jefe de Gobierno. Sin embargo, perderá gran parte de sus facultades, y en la práctica se le obligará a formar gobierno con la mayoría parlamentaria que aparezca; de lo contrario se le podría reemplazar de manera semejante (sino idéntica) a la que existe hoy en el Perú.

El Poder Judicial en apariencia será igual, con una Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, y Tribunales Ordinarios. Va a desaparecer el Tribunal Constitucional, y sus facultades pasarán a la Corte Suprema. Probablemente se institucionalicen ciertos tribunales especiales, tales como los Tribunales Ambientales.

Lo realmente diferente será la generación de los Tribunales Superiores: la mayor parte de los jueces será nombrada por el legislativo, junto con nombramientos de carrera. Ello derivará en una politización creciente de los jueces.

En los derechos, estos se ampliarán enormemente como fue señalado. Se nacionalizarán los derechos de agua, y buena parte de las concesiones mineras; probablemente esto llevará a bastantes demandas contra el Estado en el CIADI.

El recurso de protección seguirá existiendo, pero se ampliará a todos los derechos, especialmente los sociales y culturales. Sin embargo, solo se podrá hacer valer contra el Estado y empresas; se eliminará la posibilidad de recurrir contra un privado cualquiera, conforme a la doctrina predominante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La propiedad, tan sacrosantamente disputada por la derecha, no sufrirá cambios bruscos. Se seguirá una formula semejante a la actual, pero eliminando lo relativo a aguas, minas y expropiación, salvo la referencia al derecho de indemnizar al expropiado. Es decir, se parecerá a la disposición de 1925.

Las regiones aumentarán, aunque de modo relativamente inorgánico. Algunos lugares tendrán una especie de autonomía, y regiones con alta presencia indígena serán divididas, como la Araucanía y Atacama.

El Estatuto de las Fuerzas Armadas tendrá enormes cambios. Se discutirá mucho si optar por escalafón único o no; con dificultad se rechazará. Se sujetarán absolutamente al poder civil, y probablemente alguna disposición trate de los derechos humanos, y de que se les prohíbe alzarse contra el gobierno y las instituciones (incluyendo la Constitución). Los generales en jefe serán nombrados por el Parlamento, y podrán ser cesados en cualquier momento.

Carabineros será refundado, aunque en una institución muy similar, y que será conocida popularmente con el mismo nombre. Se autorizará alguna forma de policía civil municipal.

Las disposiciones transitorias serán muy interesantes. Según sea el resultado de la Presidencial, cesarán o no las autoridades vigentes en virtud de la Nueva Constitución; en algunos casos serán todas, y en otros solo las principales.

Sobre los tratados internacionales, viendo las opiniones de los convencionales, el escenario es más incierto. No perderán su eficacia los tratados de DD.HH; sin embargo algunos acuerdos comerciales, especialmente los del arbitraje y algunos TLC podrían quedar sin efecto. Si el TPP 11 es aprobado, la Convención Constitucional se encargará de su derogación.

Esta Nueva Constitución, que será presentada al país en julio de 2022, será aprobada en un nuevo plebiscito de septiembre de ese mismo año, y promulgada cerca del 18 de septiembre, para asemejarse a la Constitución de 1925.

Si Dios quiere, en un año vamos a ver si en un año estoy mucho o poco equivocado. ¿Qué piensa Ud.? ¿Cómo cree que será la Constitución de 2022?