Congreso aprueba congelamiento del alza del transporte público

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Con 39 votos a favor y con el sentido de urgencia dado por la contingencia, la Sala del Senado aprobó la norma que faculta al Presidente de la República para dejar sin efecto o limitar un alza de tarifas en el transporte público de pasajeros, en las condiciones que indica.

La norma de artículo único que se analizó en una sesión especial para tal efecto, permitió a los congresistas reflexionar sobre los últimos días en el país. En forma transversal, condenaron los actos de violencia –que se han traducido en incendios, saqueos, destrucción de la propiedad pública y privada, y disturbios- pero a la vez, hicieron un llamado a la unidad utilizando la empatía para resolver problemas concretos.

Respecto a esto último, se mencionó el descontento producto de bajos sueldos y pensiones, el precio de los medicamentos, el alza en los planes de las Isapres, la precariedad del sistema administrado por Fonasa, la gestión de las AFP, el alza del transporte público, el incremento del costo de las necesidades básicas, los abusos del retail, las tasas de interés de los bancos, la precariedad de la educación, el sobreendeudamiento, la desigual distribución del ingreso y el rol de la Constitución Política, entre otras situaciones.

Asimismo, los legisladores de oposición pegaron en sus pupitres un letrero con la frase “Sr. Presidente: Chile no está en guerra”. Esto haciendo alusión a los dichos del primer mandatario, quien anoche aseguró que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”. Mientras que los oficialistas hicieron lo propio aludiendo al mensaje: » Más unidad, menos letreros». También los congresistas solicitaron que los 3 mil 500 millones de pesos que se destinan a este proyecto, se repliquen en el llamado fondo espejo de regiones.

El texto legal faculta del mandatario a dejar sin efecto o a limitar el alza mencionada, mediante un decreto supremo fundado expendido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que también es firmado por Hacienda. En dicho decreto se deberán consignar los recursos que permitan mantener el equilibrio financiero del sistema o compensar el valor real de la tarifa.

Según el informe financiero, la iniciativa representa un costo de $3.500 millones para este año y el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley se financiará con los recursos de la partida presupuestaria del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y en lo que falte, del Tesoro Público.