La gestión contra el hambre: Un análisis crítico del programa “Alimentos para Chile”

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Por Diego Abel Durán Toledo

La problemática social que se ha agudizado en las últimas semanas en este país, debido a la insuficiencia de un número considerable de habitantes de los sectores más populares de nuestros país y en especial de la región metropolitana de acceder a un insumos básicos de subsistencia, pudo haber sido una oportunidad para este gobierno, el cual arrastra desde hace más de seis meses una grave crisis política y social, de mejorar su imagen ante la ciudadanía ante la implementación de medidas de emergencia eficientes y eficaces contra el flagelo del hambre que está causando estragos de proporciones considerables en este contexto de pandemia global.

Sin embargo, la administración Piñera no solo se ha visto en evidencia con una escasa planificación efectiva de la emergencia en materia de provisión de insumos a la ciudadanía, en consideración de que los anuncios de entrega de ayuda en mercadería, a través del programa “Alimentos para Chile”, solo se generaron a posterior del inicio de las primeras protestas ciudadanas en la comuna de El Bosque y que se replicaron en algunos sectores de la Región Metropolitana y otras regiones del país. Sino que también ha demostrado ser una iniciativa que ha desnudado las deficiencias en materias de planificación y organización de las políticas públicas de esta administración.

En este sentido, la intervención efectuada por el Presidente el sábado 6 de junio, ha demostrado en realidad que La Moneda está conscientes de las problemáticas a las cuales actualmente se ve enfrentada en la materialización de este programa de ayuda social a nivel nacional y es evidente que el tono del mandatario durante los primeros minutos de dicha alocución, refleja una estrategia de intentar defender la metodología utilizada para hacer efectiva la entrega de insumos básicos a más de dos millones y medio de familias.

Sin embargo, existen evidentes contradicciones entre la metodología utilizada por este gobierno para el programa en comento, en relación con otras políticas públicas implementadas durante el contexto del COVID-19 y a los objetivos a los cuales apuntan estas acciones.

En materia de resultados, el programa “Alimentos para Chile” anunciado por cadena nacional el día 18 de mayo, se propuso como meta entregar estas canastas de insumos básicos, a dos millones y medio de personas, equivalentes a más de siete millones de habitantes, antes del día 21 de junio. Sin embargo, a exactos 15 días de dicho plazo (o sea ya ha transcurrido la mitad del periodo), el propio presidente ha indicado que se han entregado poco más de 600 mil cajas, por lo cual el avance registrado para la entrega de dichos elementos es menor a un 25%. Esto refleja que la estrategia logística establecida por el gobierno, en relación con los resultados comprometidos ante la ciudadanía, no ha dado el ancho ante la realidad o lise llanamente fue inexistente.

Cabe señalar, que gran parte de las tareas logísticas para la implementación del programa, recaen en los municipios, lo anterior en las propias palabras del presidente obedece a una estrategia de descentralización. Lo cual bajo un “modelo ideal”, posibilitaría agilizar la gestión de envío, en relación con otras fórmulas posibles. Sin embargo, no se está considerando que coincidentemente los sectores en los cuales se debe entregar la canasta básica,  corresponden a aquellas municipalidades de menores recursos, los cuales ya en tiempos de normalidad carecen de la cantidad de personal municipal necesario para efectuar sus labores cotidianas, y ante un escenario de demanda creciente por parte de sus habitantes de todos los servicios comunales de ayuda social, hace prácticamente imposible que estos municipios puedan oportunamente efectuar la entrega de los insumos comprometidos. Esto sin considerar los efectos en la salud física y mental de los trabajadores municipales, los cuales han efectuado una encomiable labor, asumiendo un rol de generar y poner en marcha un sistema de distribución que el gobierno central no asumió como parte de su labor.

A su vez, se ha señalado que la estrategia de la canasta de alimentos responde también a asegurar por parte de las autoridades que estos bienes efectivamente lleguen a la población. Sin embargo, las autoridades al limitar el apoyo a un conjunto predefinido de beneficios materiales, pasan por alto que los requerimientos de la población en situación de vulnerabilidad puede ser variados y que no solo se basan en la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, sino que también pueden pasar por elementos materiales como el abrigo, los pagos de cuentas de servicios básicos (cuyos cobros siguen vigentes hasta hoy) y/o similares, que sin menospreciar la relevancia de las necesidades alimenticias, son de vital importancia para la subsistencia de dichas familias y los cuales claramente el “ingreso ético de emergencia” podría no llegar a cubrir.

Por otra parte, el mandatario ha indicado que uno de los pilares fundamentales para justificar la elección de una canasta de alimentos, tiene relación con evitar que las familias salgan de sus hogares para efectuar la compra de mercadería, lo cual estaría en la línea de efectivamente evitar los contagios por COVID-19, pero que no se condice con otras estrategias implementadas por su administración tal como es el caso del “ingreso ético de emergencia” y todas las gestiones relacionadas con este beneficio para un gran conjunto de personas, tales como hacer los trámites presenciales en las sucursales de Banco Estado para obtener sus respectivas cuentas RUT. En este sentido consulto si ¿el valor de dicha caja de alimentos no pudo haberse sumado al monto establecido en esta transferencia monetaria, en vez de implementar nuevamente un conjunto de acciones que pudo haber estado contenido en parte en la política del ingreso monetario? A juicio de quien escribe, la no complementariedad entre ambos beneficios solo refleja el escaso nivel de planificación para enfrentar la pandemia y a una gestión que solo opera sobre la marcha de esta, en elementos (como estos) que eran perfectamente predecibles.

Otro argumento utilizado para respaldar este mecanismo de entrega de ayuda social hace alusión a la compra al por mayor por parte de los productos de la canasta, lo que en base a una lógica de economía de escala permitiría maximizar los recursos, ósea en palabras simples comprar más a menor costo. En este sentido, si bien se entiende plenamente la idea de hacer un uso eficiente de los recursos del Estado, es a lo menos paradójico que los mayores beneficiados en términos monetarios sean los grandes proveedores de las mayores cadenas de supermercados, productores de alimentos y/o de abarrotes de este país, cuando una estrategia diferente como la elección por parte de los usuarios del comercio local o barrial, podría dinamizar la economía nacional desde las pequeñas y medianas empresas (PYMES), al ser estos negocios locales,  los que pudiesen abastecer a la población y con esto generar un círculo virtuoso que económicamente a la larga podría ayudar a sobrellevar en parte a este tipo de organizaciones los efectos devastadores que ha generado esta pandemia en sus ventas y por ende la producción de vacantes de empleo a nivel nacional.  

En síntesis, a juicio de quien escribe la política de “Alimentos para Chile” en su planificación  y forma de implementación, no es sustentable desde un punto de vista que la distribución logística, la cual recae en gran parte en organismos municipales que se encuentran superados y colapsados por la multiplicidad de tareas a realizar en esta emergencia, no es complementaria en su forma de administración desaprovechando el aparataje estatal desarrollado para el “ingreso ético de emergencia”, no apunta  a la revitalización económica de los comercios locales  de las zonas en las cuales habitan la población de más escasos recursos, como a su vez tampoco considera la multidimensionalidad de las necesidades de este grupo socioeconómico. Pero aún más preocupante que todo lo anteriormente señalado, es que en virtud de las cifras entregadas este 6 de junio, existe un serio riesgo de no cumplir ante la ciudadanía con el compromiso efectuado sobre la cantidad de cajas a distribuir, lo cual podría ahondar aún más la alicaída imagen de esta administración.

Por último, es menester indicar que el presente documento no intenta ser un elemento de propaganda antigubernamental en un contexto de pandemia, sino que solo exponer algunas reflexiones sobre la gestión de este programa y elementos a considerar a futuro para la mejora de la gestión del programa y que como sociedad podamos sortear sin dejar a absolutamente a nadie atrás, este terrible momento de nuestra historia.

Diego Abel Durán Toledo, Administrador Público y Magíster en Gobierno y Gerencia Pública. Docente Universitario.