Según la Dirección de Presupuestos (Dipres), a septiembre de 2025 el Gobierno Central alcanzó 534.807 cargos efectivos. Este volumen, en pleno reordenamiento institucional, eleva la sensibilidad del sistema público ante cualquier ajuste acelerado durante la instalación del nuevo gobierno.
Dentro de ese universo, el personal a honorarios llegó a 32.457 cargos (6,1%) a septiembre de 2025. En solo un trimestre, los honorarios subieron 3.190 cargos (+10,9%) versus junio de 2025, y en doce meses aumentaron 2.289 cargos (+7,6%).
El fenómeno no es menor: el propio informe de Dipres indica que el Sector Público alcanzó 1.112.112 cargos a septiembre de 2025, con 22,4% de cargos transitorios. En términos simples, una parte relevante del funcionamiento del Estado descansa en vínculos menos estables, justamente los más expuestos en un cambio de administración.
“En la práctica los cambios de mando y en este caso, color político, se traducen en términos anticipados de contratos a honorarios suscritos por la administración anterior y las no renovaciones respectivas, dejando a miles de falsos a honorarios sin trabajo de un día para otro”, señaló Pedro Peña, abogado especialista en honorarios y Cofundador de SoyHonorario.
Ante este escenario, expertos invocan que la transición hacia marzo de 2026 incorpore un Protocolo de Continuidad Laboral y de Servicios, con estándares mínimos: criterios públicos de renovación/no renovación, calendarización comunicada con anticipación y priorización explícita de funciones críticas (salud, educación, programas sociales, operación territorial y soporte administrativo esencial).
“Hoy el Estado ya cuenta con una señal concreta de política pública: la Ley de Presupuestos 2025 fijó en 6.500 el número máximo de personas que pueden pasar de honorarios a contrata este año, junto con criterios y reglas para implementar esos traspasos. Eso prueba que el problema existe y que puede abordarse con instrumentos formales, no con decisiones políticas”, concluyó Peña.
Expertos enfatizaron que la conversación no es ideológica, sino de gestión y certezas: durante una transición presidencial, la ciudadanía espera continuidad operativa, y los trabajadores requieren reglas claras para planificar su vida. En particular, la organización llamó a evitar “cortes por barrido” y a transparentar, por servicio, qué funciones se consideran imprescindibles para la continuidad del Estado durante el primer trimestre del nuevo gobierno.