La subcontratación ya no es una práctica marginal en Chile. De acuerdo con la ENCLA 2023 de la Dirección del Trabajo, un 34,9% de las empresas subcontrata alguna actividad, cifra que supera el 54,4% en grandes compañías. Más aún, un 12,1% externaliza funciones directamente vinculadas a su giro principal, trasladando parte del corazón operativo del negocio a terceros Este escenario instala un desafío estructural: una parte relevante de la operación —y del riesgo— depende de redes de contratistas cuya gestión no siempre cuenta con trazabilidad suficiente.
En paralelo, el volumen de control administrativo ya opera a gran escala. Durante 2024, la Dirección del Trabajo emitió más de 2,4 millones de certificados a contratistas, mientras que se registraron 183.624 materias denunciadas en el mismo período.
Este escenario instala un desafío estructural: una parte relevante de la operación —y del riesgo— depende de redes de contratistas cuya gestión no siempre cuenta con trazabilidad suficiente. En paralelo, el volumen de control administrativo ya opera a gran escala. Durante 2024, la Dirección del Trabajo emitió más de 2,4 millones de certificados a contratistas, mientras que se registraron 183.624 materias denunciadas en el mismo período.
Si bien estas cifras no corresponden exclusivamente a subcontratación, sí evidencian la magnitud del sistema de control y el nivel de exposición en sectores donde los terceros son estructurales.
De la revisión a la evidencia
El principal desafío hoy no está en la intención de cumplir, sino en la capacidad de demostrarlo. Según estudios de Deloitte y ESE Business School, el 87% de las empresas declara realizar due diligence a terceros, pero solo un 17% cuenta con indicadores de cumplimiento completamente definidos. Más aún, entre quienes miden cumplimiento, apenas un 7% incorpora a proveedores y contratistas como parte de ese control.
Esta brecha no prueba incumplimiento, pero sí revela una distancia relevante entre lo que las empresas declaran y lo que efectivamente pueden respaldar con evidencia. Karina González, Directora de Validate, explica: “Hoy no basta con tener documentos en regla. El verdadero desafío es contar con evidencia que permita sostener que una operación está protegida en el tiempo”.
Frente a este escenario, Validate propone un modelo que va más allá de la revisión documental, integrando auditoría laboral, legal y de salud ocupacional para validar el cumplimiento real de los contratistas, generando trazabilidad y respaldo verificable.
Este enfoque cobra especial relevancia en el contexto actual, marcado por la implementación de la Ley de 40 horas. La transición hacia una jornada laboral reducida —que ya pasó de 45 a 44 horas en 2024 y desde mayo a 42 horas— no sólo redefine la organización del trabajo, sino que también introduce nuevas exigencias en la gestión de contratistas, tanto desde lo operativo como desde lo económico.
Este cambio tiene un impacto directo: el costo por hora trabajada aumenta automáticamente. En el tramo de 44 a 42 horas, el valor hora sube 4,8%, y 7,1% respecto del esquema original de 45 horas.
En escenarios donde las empresas deben mantener cobertura operativa mediante horas extraordinarias, el sobrecosto puede bordear el 6,7% por trabajador afectado, lo que presiona directamente a contratistas y, por extensión, a las empresas mandantes.
“El impacto de la Ley de 40 horas no es solo laboral, también es operacional y económico. Obliga a revisar contratos, estructuras y niveles de control sobre terceros”, agrega Karina González.
La combinación entre mayor presión regulatoria, aumento de costos y complejidad operativa está impulsando un cambio en la forma en que las empresas abordan la subcontratación.
Sectores como minería, construcción, logística y servicios intensivos en mano de obra enfrentan este desafío con mayor intensidad, dado el volumen de contratistas y la criticidad de su operación.
Más información en @validate.cl
En este contexto, el cumplimiento deja de ser un requisito administrativo para convertirse en un factor estratégico.
Porque hoy, más que cumplir, el desafío es poder demostrar —con evidencia— que la operación está realmente protegida.