Los arriendos en Chile han experimentado un aumento sostenido en la última década, con un impacto en el costo de vida que supera ampliamente lo que reflejan las estadísticas oficiales. Así lo concluye el estudio “Cuánto cuesta vivir como una familia representativa”, elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (IPP UNAB), que propone incorporar un enfoque de “costo representativo” en la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según el informe, la metodología actual del IPC, basada en los desembolsos efectivos de los hogares, subestima el peso de la vivienda. Actualmente, el arriendo representa apenas un 7% de la canasta del IPC, mientras que con el llamado “arriendo imputado” —que estima el valor económico de habitar una vivienda propia— su ponderación debería acercarse al 22%.
“Los precios de compra y arriendo de viviendas han aumentado con fuerza desde 2013. Bajo la metodología estadounidense, que incluye el costo económico de la vivienda en el IPC, la inflación de la última década subiría 1,2% anual”, explica Gonzalo Valdés, subdirector del IPP UNAB y coautor del estudio.
El estudio detalla que, entre 2009 y 2024, los arriendos en Chile subieron un 228%, equivalente a un incremento anual real cercano al 10% por sobre la inflación oficial. “Se trata de un crecimiento gradual pero sostenido, que comenzó a despegar de los ingresos cuando los bancos ofrecieron créditos hipotecarios a pie cero, elevando los precios de compra y arrastre sobre los arriendos sin que los salarios acompañaran”, explica Valdés.
Actualmente, más de un cuarto de los hogares chilenos arrienda su vivienda, y un tercio de ellos destina más del 30% de sus ingresos a este gasto, umbral considerado crítico por organismos internacionales. Los aumentos más pronunciados se registran en comunas céntricas de Santiago, como Santiago Centro, Estación Central, Providencia y Ñuñoa, donde la demanda y la cercanía al transporte público impulsaron incrementos rápidos, mientras que las zonas periféricas muestran ajustes más lentos.
El informe advierte que la subestimación del costo de la vivienda en el IPC genera distorsiones en políticas públicas, subsidios, salarios y pensiones. De aplicarse la metodología de costo representativo, los salarios reales en Chile serían hasta 20% más bajos de lo que indican las cifras oficiales. “La inflación medida hoy refleja más la experiencia de los propietarios que la de los arrendatarios, y eso distorsiona la toma de decisiones y el bienestar percibido por los hogares”, agrega Valdés.
El estudio también abre el debate sobre soluciones estructurales al desajuste del mercado de arriendos. Valdés indica que los problemas de fondo no se resolverían mediante ajustes de la UF o del IPC, sino abordando los precios de la tierra, la permisología y la planificación urbana, especialmente en torno a ejes de transporte público, para facilitar vivienda asequible cerca de los centros urbanos.
La investigación del IPP UNAB evidencia que el costo real de vivir en Chile está significativamente subestimado y que los arriendos ejercen una presión creciente sobre los hogares. Incorporar un IPC complementario que refleje el valor económico de la vivienda permitiría tener una visión más fiel de la economía familiar y diseñar políticas públicas más justas y efectivas.