Con el fin de contribuir al debate público desde una perspectiva académica y basada en evidencia, como también aportar mediante un examen integral del fenómeno de la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur, el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) del Instituto UNAB de Políticas Públicas presentó un nuevo informe titulado “Tres años de Estado de Emergencia en la Macrozona Sur (2022-2025): evaluación del impacto en la violencia, las organizaciones radicalizadas y la respuesta del Estado chileno”.
La investigación del OCRIT UNAB, que fue abordada desde una perspectiva jurídica y empírica, comparó los niveles de violencia registrados en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos durante dos períodos de tiempo: el primero, 1.083 días (equivalente a 3 años) antes del 17 de mayo de 2022 -fecha en que el Presidente Gabriel Boric decretó Estado de Emergencia para las provincias de Malleco, Cautín, Arauco y Biobío- y, el segundo, 1.083 días posteriores a la entrada en vigencia de la medida. El análisis se realizó basado en datos oficiales de Carabineros de Chile y permitió monitorear la evolución de distintos hechos o delitos asociados a la violencia por región, provincia y comuna, y comparar ambos rangos temporales. Asimismo, el reporte analizó el efecto de la medida en las actividades de organizaciones radicalizadas de la zona e identificó desafíos institucionales relevantes de abordar luego de tres años de aplicación del Estado de Excepción Constitucional.
En términos generales, el documento elaborado por el OCRIT UNAB reveló que el Estado de Emergencia redujo en un 37,3% los delitos totales registrados en la Macrozona Sur durante el período analizado, esto es, tras 1.083 días bajo la medida. En números absolutos, las denuncias bajaron de un total de 3.960 durante los tres años previos a 2.483 en el período de tres años posteriores bajo la medida. Al analizar por región, se observó que la mayor caída de denuncias se produjo en la región del Biobío, la cual pasó de 1.327 durante los tres años previos a la declaración del Estado de Emergencia a 740 en el mismo período de tiempo tras la entrada en vigencia de la medida, lo que representa una caída de un 44,2% en el número de denuncias. Luego, le sigue la región de Los Ríos, la cual pasó de 126 a 75 denuncias, descenso de un 40,5%. La región de La Araucanía fue la tercera que más redujo las denuncias, pasando de 2.462 a 1.638 en el mismo período, lo que refleja una reducción de un 33,5% y, finalmente, la región de Los Lagos que pasó de 45 a 30 denuncias, cayendo en un 33,3%.
A su vez, el informe del OCRIT UNAB contabilizó que, bajo el Estado de Emergencia, se han detectado hechos de violencia en 67 comunas de la macrozona, pero diez de ellas concentran el 66% de éstos. El listado lo encabeza la comuna de Collipulli, en La Araucanía, la cual registró 318 actos violentos, concentrando así el 13% de los mismos durante el rango temporal estudiado. Le sigue Ercilla, también en La Araucanía, con 309, representando el 12%. En tercer lugar, se encuentra la comuna de Cañete, región del Biobío, con 256 hechos, lo que implica el 10% de los actos violentos. Luego siguen, en menor medida, Victoria (231 hechos, equivalentes al 9%), Tirúa (142 hechos, equivalentes al 6%), Curanilahue (133 hechos, equivalentes al 5%), Lautaro (75 hechos, equivalentes al 3%), Los Sauces (74 hechos, equivalentes al 3%), Angol (69 hechos, equivalentes al 3%) y Arauco (62 hechos, equivalentes al 2%).
Efecto de la medida en la incidencia de delitos
Otro apartado que mostró el informe fue cómo cambió la incidencia de ciertos hechos o delitos asociados a la violencia luego de aplicarse en Estado de Emergencia. Así, por ejemplo, se estableció que a nivel macrozonal -esto es, considerando las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos- el número total de homicidios pasó de 31 a 14 casos luego de la entrada en vigencia de la medida, lo que representa una reducción del 55% en el total de fallecidos. Por región, La Araucanía es aquella con el mayor número absoluto de homicidios previo a la medida, mostrando una disminución del 41% (de 17 a 10), mientras que Biobío registró un descenso de un 71% en los mismos, pasando de 14 a 4. Los Ríos y Los Lagos, por su parte, no presentaron homicidios en todo el rango temporal estudiado, lo que refuerza su carácter periférico respecto de los focos más intensos de la problemática.
En cuanto a personas lesionadas en toda la macrozona, bajaron de 677 a 329 luego de aplicarse el Estado de Emergencia, lo que representa un retroceso de un 51%. Biobío y La Araucanía, las regiones más afectadas por la violencia, mostraron disminuciones significativas en el número de personas lesionadas: −64% (de 274 a 98) y −40% (de 367 a 221), respectivamente, cifras que reflejan una mejoría en las condiciones de seguridad física tras el despliegue de las Fuerzas Armadas. Los Ríos, por su parte, presentó una reducción del 73% (de 22 a 6), mientras que, en la región de Los Lagos aumentó significativamente en términos porcentuales (33%), aunque en números absolutos el cambio es bajo (de 3 a 4 casos) y no representa un patrón generalizable.
Los delitos más representativos de la problemática, como incendios y usurpaciones, descendieron fuertemente a nivel de la macrozona. Los incendios, en primer lugar, cayeron de 892 antes del Estado de Emergencia a 543 (−39%), mientras que las usurpaciones pasaron de 564 a 210 (−63%), confirmando una mejora en la recuperación del control territorial del Estado. Sin embargo, destaca la provincia de Osorno al presentar un aumento de 117% (de 6 a 13 casos) en este delito.
En cuanto a vehículos destruidos, se observó una disminución general de la macrozona al pasar de 947 a 610 (-36%). Biobío fue la región que lideró la caída (-55%), seguida por La Araucanía (-36%), pero se detectaron aumentos relevantes en las regiones de Los Ríos (+113%) y Los Lagos (+100%). A nivel territorial, las provincias de Ranco (+425%), Osorno (+167%) y Valdivia (+77%) evidenciaron un aumento en el número de vehículos destruidos, lo que indicaría un fenómeno de expansión periférica de la violencia hacia zonas rurales con menor presencia del Estado.
La destrucción de inmuebles e infraestructura disminuyó de 693 casos a 365 (-47%) en las cuatro regiones que comprenden la zona de estudio, destacando las disminuciones en Biobío (-61%) y La Araucanía (-38%), aunque con incrementos en Los Ríos (16%) y Los Lagos (que pasaron de 1 a 4). Al observar los aumentos a nivel provincial, Ranco (Los Ríos) pasó de 1 a 5 casos (+400%) y Osorno (Los Lagos) de 0 a 4 (+400%).
Finalmente, también se detectó una caída en el número de maquinarias destruidas, al pasar de 617 a 402 (-35%) en total en la macrozona, donde Biobío (-56%), La Araucanía (-33%) y Los Lagos (-14%) disminuyeron. En contraste, la región de Los Ríos aumentó en un 19% al pasar de 47 a 56 casos, a causa de un incremento en las provincias de Ranco (+75%) y Valdivia (+14), lo que podría indicar un desplazamiento parcial de la actividad delictual o la intensificación de incidentes en esa región.
Impacto en las organizaciones radicalizadas
El informe del OCRIT UNAB consignó que -aún bajo Estado de Emergencia- la Macrozona Sur alberga mueve orgánicas radicales con distintos niveles de estructura, operación y objetivos políticos, y que usan la violencia como método de acción política. Con todo, la intervención de las FF. AA ha logrado reducir los hechos violentos adjudicados en varias de ellas, aunque en otras se han incrementado y también se ha detectado el surgimiento de nuevas.
La Coordinadora Arauco Malleco (C.A.M) es la organización con más adjudicaciones de actos violentos, pero su actividad se redujo en un 16% bajo Estado de Emergencia (de 67 a 56), lo que sugiere una pérdida relativa de centralidad o capacidad operativa, aunque sigue liderando en volumen.
La Weichan Auka Mapu (W.A.M) y la Liberación Nacional Mapuche (L.N.M) también redujeron su presencia, en un −38% y −28%, respectivamente, reflejando una disuasión parcial por parte del Estado. Por su parte, la Resistencia Mapuche Lafkenche cayó en un 69% (de 16 a 5) sus actos violentos adjudicados, lo que sugiere pérdida de fuerza o disuasión efectiva.
Por el contrario, la Resistencia Mapuche Malleco (R.M.M) incrementó en un +179% sus adjudicaciones, pasando de 19 hechos violentos antes del 17 de mayo de 2022 a 53 bajo Estado de Emergencia. Por lo tanto, esta orgánica se consolida como una de las más activa tras la intervención no solo por su estructura clandestina y radicalismo ideológico, sino que también por su arraigo territorial en sectores estratégicos como Temucuicui.
Asimismo, el informe también detectó el surgimiento de nuevas orgánicas con actividad marginal pero significativa bajo Estado de Emergencia, como la Resistencia Mapuche Pehuenche (3 adjudicaciones), Resistencia Mapuche Cautín (3 adjudicaciones), la Resistencia Kunko-Williche (2 adjudicaciones) y la Resistencia Mapuche Autónoma (2 adjudicaciones).
Desafíos y conclusiones
La investigación del OCRIT UNAB, además, enumeró siete desafíos institucionales relevantes de abordar luego de tres años de vigencia del Estado de Excepción Constitucional. Entre ellos, destaca la insuficiencia de medidas de contención que complementen el abordaje de las causas estructurales, como, por ejemplo, la deuda en materia de tierras. Otro aspecto destacado sería el riesgo de que este régimen excepcional se normalice, por lo que se sugiere estudiar cómo suplir las capacidades estratégicas de las FF.AA. en la zona. En esa misma línea, el informe también visualiza la ausencia de un plan estratégico que aborde el problema en un escenario de normalidad, para lo cual se debiera diseñar un plan de desescalamiento gradual.
Asimismo, el OCRIT UNAB si bien reconoce avances, refuerza la necesidad de una mejor coordinación e interoperabilidad entre las FF. AA, las policías y las autoridades civiles con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de la respuesta estatal ante la problemática. También plantea la necesidad de implementar políticas de desarrollo económico, educacional y de infraestructura para abordar los factores de exclusión y vulnerabilidad que persisten en la zona. El análisis de la UNAB, finalmente, refuerza la necesidad de implementar estrategias complementarias de inteligencia, prevención y persecución penal frente al aumento del accionar y el surgimiento de nuevas organizaciones radicalizadas en la zona, además del fortalecimiento de las capacidades de inteligencia integrada para anticipar dinámicas de violencia y desarticular organizaciones de manera oportuna, en especial, el proyecto de ley que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado que se encuentra en su tramitación final en el Congreso.
De esta manera, el estudio de la Universidad Andrés Bello concluyó que el Estado de Emergencia en la Macrozona Sur ha tenido un impacto significativo en la reducción de los hechos de violencia en el área (-37,3%), aunque con resultados dispares según región, provincia y tipo de delito. La medida, según el reporte, ha generado un efecto disuasivo en los hechos más graves en la zona, como homicidios (-55%) e incendios (-39%), aunque también se evidencia un leve desplazamiento de la problemática hacia provincias no cubiertas por la medida, como Ranco y Osorno, dando cuenta de una relocalización parcial explicada por las características dinámicas y adaptables de la problemática.
“El Estado de Emergencia es una medida que, pese al rechazo inicial de ciertos sectores, sin lugar a duda ha servido para reducir sustantivamente los hechos de violencia y terrorismo en la Macrozona Sur evidenciando que, en las zonas con mayor presencia del Estado, más efectividad existe”, señala Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) UNAB.
Por ello, el abogado advierte que “se debe poner mucha atención en el incremento de +179% en las adjudicaciones de hechos violentos por parte de la Resistencia Mapuche Malleco, toda vez que es la orgánica radicalizada más fortalecida durante este período, lo cual obliga a desplegar una estrategia integral que apunte a su desarticulación como primera prioridad”, complementó el coordinador del OCRIT UNAB, Pablo Urquízar.