Ante el aumento de familias migrantes en Chile, la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), a través de la Dirección de Compromiso Social Universitario de la UCSC, perteneciente a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, realizó el Estudio Niñez Migrante, financiado por el Gobierno Regional del Biobío, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
La investigación estuvo liderada por la académica Verónica Gómez de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales UCSC, y un comité técnico asesor compuesto por el Observatorio de Estudios de la Sociedad de la Universidad, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y la Organización Internacional para el Trabajo (OIT).
El estudio da cuenta sobre la situación de niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes en la Región del Biobío, el cual destacó los progresos y los desafíos persistentes en el acceso a servicios básicos de educación, salud y vivienda para esta población en situación de vulnerabilidad.
Resultados
Se realizaron 591 encuestas aplicadas a padres y cuidadores, alcanzando así a 832 niños, niñas y adolescentes, con una representación significativa de mujeres y una diversidad en cuanto a países de origen, destacando la presencia mayoritaria de venezolanos y colombianos.
El estudio se basó en un enfoque exploratorio y no experimental, recolectando datos a través de encuestas aplicadas en 33 comunas de la Región, donde se realizaron entrevistas y talleres participativos con cuidadores y actores locales, también se contó con talleres provinciales en Los Ángeles, Cañete y Concepción, involucrando a representantes de gobiernos locales, academia, y organizaciones de la sociedad civil.
Se identificó una población migrante en la Región del Biobío de 34.935 personas en 2020, que aumentó a 39.074 en 2022, mostrando un crecimiento significativo. De ello, se destacó la situación de los niños y niñas, enfocándose en cómo acceden a los servicios básicos, donde se observó que muchos niños y niñas migrantes no están matriculados en el sistema escolar, y que la falta de viviendas adecuadas y el acceso a la salud son problemas persistentes.
En cuanto a la educación, los niños, niñas y adolescentes migrantes cuentan con un garantizado legalmente e integración adecuada, pero desafíos notables como el bullying y la baja participación de las familias en la vida escolar. Problemas significativos incluyen la saturación de cupos en preescolar y barreras en la educación superior.
El informe reveló que los niños migrantes representan el 5% de la matrícula escolar, destacando la necesidad de reforzar la inclusión y soporte educativo para esta población vulnerable. Los establecimientos municipales son el principal entorno educativo, con un 37% de centros adecuados para la demanda de NNA migrantes. Sin embargo, un 14.7% de estos niños está fuera del sistema educacional formal, especialmente en educación inicial.
En relación con el derecho a la salud es reconocido por la ley, aunque la inscripción en servicios sanitarios es baja. Los trámites de acceso son ágiles, pero existen obstáculos para obtener la residencia, afectando a adolescentes que buscan servicios de salud sexual y reproductiva.
Un 10.7% de las atenciones médicas regionales fueron a migrantes, resaltando el acceso y la utilización de los servicios de salud por parte de esta comunidad. Entre los NNA migrantes, 617 cuentan con Fonasa, mientras que 187 carecen de cualquier tipo de previsión de salud.
En el caso de la vivienda adecuada, esta no está garantizada por ley, presentando el desafío más crítico. Existen problemas de irregularidad en los arrendamientos, allegamiento, hacinamiento, altos costos y movilidad residencial frecuente con una oferta limitada de programas de apoyo a la vivienda.
Se evidencia una preocupante cifra de hacinamiento, donde un 54% de los niños migrantes reside en condiciones de alta densidad, lo que nos impulsa a buscar soluciones habitacionales dignas y accesibles.
Ceremonia de cierre
Tras 18 meses de trabajo, se llevó a cabo una ceremonia por el cierre del Estudio Niñez Migrante en el auditorio de la Facultad de Ingeniería UCSC, donde asistió Francesca Muñoz, presidenta de la Comisión de Familia en la Cámara de Diputados, académicos, miembros de la sociedad civil, organizaciones sociales, entre otros.
En la instancia, la investigadora Verónica Gómez expuso los resultados donde destacó que “este estudio visibiliza la situación de los niños y las niñas, ellos son sujetos portadores de derecho independiente de donde vengan y donde estén. Nuestro país tiene tratados con convenciones internacionales y tiene normativa que no restringe el acceso a derechos básicos como salud o educación”.
“No solo tienen una condición muy precaria, sino que su situación de vulnerabilidad es aún mayor, por lo tanto, son sujetos de protección especial, no solo del Estado, sino de toda la sociedad y todos somos garantes de sus derechos. Es importante ayudarlos para interrumpir estas situaciones de vulneración y desprotección que tienen, por ello es necesario trabajar por su integración e inclusión real en la sociedad chilena, bienestar y calidad de vida”, agregó Gómez.
En la oportunidad, el Vicerrector de Vinculación con el Medio, Andrés Varela, enfatizó que “la Universidad ha manifestado un compromiso permanente con su entorno y con los niños, niñas y adolescentes. En el último tiempo, hemos trabajado a través de proyectos como este y otros con la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa, que nos permiten hacer un aporte desde la academia y así poder construir a la realidad, a través de políticas públicas”.