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América Latina y el Caribe atraviesa su peor crisis económica en un siglo, dice la comisión económica de la ONU para la región. La recuperación requerirá de políticas macroeconómicas expansivas, que incluyan el aumento de la recaudación fiscal y la inversión en la infraestructura de la vida, como la salud.

El valor de las exportaciones regionales disminuirá un 23% durante este año y provocará el peor desempeño en ochenta años. El COVID-19 también causará una profunda caída de las importaciones, estimada en un 25%, la peor cifra en cuarenta años y superior al 24% registrado durante a la crisis financiera de los años 2008 y 2009, según las proyecciones de la comisión económica para la región.

Sólo si se aplana la curva de contagio de COVID-19 se podrán reactivar las economías de América Latina y el Caribe, advierte un informe conjunto de dos agencias regionales de la ONU. “No hay dilema entre economía y salud, la salud es primero”, dice la responsable de la comisión económica y destaca que la salud es, además de un derecho humano, uno de los pilares económicos.

El aumento de la demanda de proteína animal, las prácticas agrícolas insostenibles, la explotación de la vida silvestre y el cambio climático son algunas de las causas de la creciente tendencia de las enfermedades virales que pasan de los animales a los seres humanos causando gran devastación, el COVID-19 es un ejemplo más de una larga lista que incluye el Ébola, el MERS, el VIH-SIDA y el SARS, entre otros.

La actriz mexicana nominada al Oscar destaca la falta de acceso a los sistemas de protección social que obliga a los trabajadores del hogar, mujeres en su gran mayoría, a arriesgarse al contagio para mantener sus medios de subsistencia. En América Latina y el Caribe, el 70% de estos trabajadores han sido afectados por las medidas de contención de la pandemia.

El organismo económico para la región estima que este cierre masivo costaría 8,5 millones de empleos y aboga por una respuesta a gran escala que evite la destrucción de las capacidades productivas, que incluya el financiamiento de las compañías y el cofinanciamiento de la nómina durante seis meses, entre otras medidas.

Según diferentes escenarios relacionados con los tiempos y restricciones impuestas por la pandemia, el sector puede suponer la caída de entre el 1,5% y el 4,2% del producto interior bruto mundial. Países como la República Dominicana, Ecuador, México, Colombia y Argentina se encuentran entre los más afectados en América Latina, y España entre los europeos.

El Banco Mundial prevé una contracción de la economía mundial del 5,2% en 2020. La contracción será mayor en las economías avanzadas y menor en las emergentes, aunque será la primera vez que decaiga en este grupo de naciones desde hace 60 años. La buena noticia es que las repercusiones negativas perderán intensidad durante la segunda mitad del año y el crecimiento mundial repuntará un 4,2 % en 2021.

Aunque se mantiene la cautela, el mundo empieza a eliminar las restricciones a los viajes turísticos debidas a la pandemia de COVID-19. La agencia especializada de las Naciones Unidas publica sus directrices globales para reactivar y fortalecer ese sector económico.

Naciones europeas, así como del sureste de Asia y Australasia están considerando o han abierto corredores para viajar entre ellos e incentivar el turismo y otros intercambios. La Organización Mundial de la Salud afirma que estos arreglos podrían hacer parte de la “nueva normalidad” en medio de la pandemia del COVID-19.

Además de las limitaciones a los viajes, de los 217 destinos de todo el mundo, un total de 156 ha detenido por completo el turismo internacional, según la agencia de las Naciones Unidas especializada en el sector, que afirma que este ha sido el más duramente golpeado por la crisis del covid-19 y aboga por el levantamiento de las restricciones, en el momento adecuado y de manera responsable.

En numerosos países, las medidas de contención del COVID-19 no pueden ser aplicadas eficazmente porque estas personas necesitan trabajar para alimentar a sus familias. Esto compromete los esfuerzos de los gobiernos dirigidos a proteger a la población y puede ser fuente de tensiones sociales.