La reciente aceleración de patrullajes en la frontera y la decisión del gobierno peruano de militarizar la zona de Tacna se producen tras días de tensión, donde decenas de migrantes, principalmente venezolanos, quedaron varados entre ambos países luego de intentar abandonar Chile por temor a un eventual endurecimiento de políticas migratorias. La situación obligó a activar mecanismos de coordinación binacional en un contexto marcado por la segunda vuelta presidencial en Chile y el estado de emergencia decretado por el Perú.
En relación con este escenario, el Dr. Mauricio Rubilar, director del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), advierte que la medida responde a factores que superan ampliamente la frontera misma. “La decisión del gobierno peruano y del presidente José Jerí está fuertemente condicionada por la crisis política del Perú y la necesidad del presidente interino de enviar una señal de dureza frente a las problemáticas de inseguridad y migración”, señala. A ello se suman, según agrega el especialista, los discursos presentes en la campaña chilena. “La candidatura Kast ha manifestado su intención de impulsar la expulsión de migrantes ilegales, lo que contribuye al temor y a la salida acelerada de personas desde Chile”.
Para el académico, esta tensión debe leerse en el marco de una relación bilateral que ya venía presionada por el intenso flujo migratorio de los últimos años. “La problemática migratoria ha afectado enormemente al Perú y Chile con la presencia de miles de ciudadanos venezolanos que han tensionado las relaciones sociales y económicas de ambos países”, indica. En el caso peruano, sostiene que la inestabilidad política ha dificultado la implementación de políticas sostenidas, mientras que “el errático y débil manejo del tema migratorio por parte del gobierno chileno en los últimos dos períodos ha agudizado las tensiones sociales y políticas en un contexto electoral”.
La militarización, advierte Rubilar, no solo busca evitar ingresos irregulares, sino también impedir que migrantes que abandonan Chile se establezcan en el Perú. “Se teme que dicha población decida quedarse en el Perú a pesar de las declaraciones de algunos venezolanos que señalaban el interés de retornar a su país”, explica, recordando además que esa opción suele ser poco viable dadas las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.
Mirando hacia las próximas semanas, anticipa escenarios complejos si no existe coordinación estrecha entre ambos gobiernos. “Los escenarios posibles se relacionan con una mayor presión de población migrante que busque salir de Chile por temor a medidas más duras”, señala. Esto podría derivar en situaciones como las vividas recientemente en Chacalluta: grupos atrapados en “tierra de nadie”, sin autorización para avanzar ni retroceder. “Ello obligará a Chile y Perú a buscar mecanismos y alternativas de solución en conjunto para descomprimir las tensiones en la frontera”, afirma.
Si bien la presencia militar no implica necesariamente un conflicto diplomático, sí exige un proceso constante de diálogo y articulación. Como concluye el académico, “la presencia militar peruana y, probablemente chilena en el futuro, requiere un diálogo permanente entre ambos países y su coordinación”. En un contexto de movilidad forzada en aumento, ambas naciones deberán mirar más allá de las respuestas de emergencia para evitar que la frontera se transforme en un espacio de crisis humanitaria permanente.