Este 31 de enero vence el plazo legal para que todas las empresas con 100 o más trabajadores informen electrónicamente a la Dirección del Trabajo su cumplimiento anual de la Ley de Inclusión Laboral (Ley N°21.015), normativa vigente desde 2018 que busca promover la integración laboral y social de las personas con discapacidad.
La norma establece actualmente una cuota del 1% de trabajadores con discapacidad. No obstante, reconoce que algunas empresas pueden enfrentar razones fundadas que les impidan cumplir directamente con esta obligación, como la naturaleza de sus funciones, la falta de cupos disponibles o la ausencia de postulantes que cumplan con los requisitos requeridos.
En estos casos, la normativa contempla alternativas, entre ellas la donación de recursos equivalentes a 24 sueldos mínimos por cada cupo no cubierto, destinados a organizaciones que desarrollen programas de capacitación, rehabilitación, promoción y fomento del empleo para personas con discapacidad. Estas donaciones, además, permiten acceder a los beneficios tributarios establecidos en la Ley 19.885 sobre Donaciones con Fines Sociales.
En este contexto, la Fundación Coanil se posiciona como una de las entidades habilitadas para recibir estos aportes, canalizándolos hacia proyectos que fomentan la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. A través de iniciativas como su consultora de intermediación laboral Elige Incluir, el centro protegido Coanil Servicios y el Centro Diurno Los Olivos (Iquique), la organización impulsa procesos de inserción laboral que benefician directamente a los usuarios e indirectamente a cerca de 900 personas de su entorno familiar.
“Creemos que es fundamental que las empresas cumplan con la Ley de Inclusión Laboral, porque solo así es posible avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. Aquellas compañías que, por razones fundadas, no puedan hacerlo de manera directa, cuentan con Coanil como una alternativa concreta para seguir aportando a la inclusión laboral de las personas con discapacidad”, manifiesta Nicolás Fehlandt, gerente general de Coanil.
Desde la Fundación recalcan que el cumplimiento de la ley no solo responde a una exigencia normativa, sino también a un compromiso social que involucra al sector público, a las empresas privadas y a la sociedad en su conjunto. A días de que expire el plazo legal, el llamado es a actuar oportunamente y a optar por mecanismos que generen un impacto real y sostenible en la vida de las personas con discapacidad.